Un día más de infamia en Colombia

Asesinato de Edwin Legarda Vázquez No Se Puede Quedar en la Impunidad

Por Mario Alfonso Murillo (Bogotá, Colombia)

Cada año, el 16 de diciembre es una ocasión de celebración en Colombia y en todo el continente. Es el primer día de la Novena, la fiesta navideña donde las familias en todo el país se reunen con oraciones y canciones tradicionales.

Pero este 16 de diciembre no era un día de celebración para la consejera indígena Aida Quilcué y su familia. Una vez mas, la fecha marcó un momento trágico, caracterizado por violencia y terror para las comunidades indígenas del Cauca y de todo Colombia.

El martes pasado, como a las 4:00 de la madrugada, en la carretera entre el resguardo Inzá, Tierradentro y Totoró, territorio indígena, la camioneta official del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, fue disparada por lo menos 19 veces por una columna de la Tercera Brigada del Ejército Colombiano, matando al conductor del vehículo, Edwin Legarda Vázquez, el esposo de Aida Quilcué. Quilcué es la consejera mayor del CRIC, una indígena Nasa que en los últimos meses ha sido una de las representantes más visíbles de la Minga Indígena y Popular, la movilización nacional que comenzó el 12 de octubre y duró más de seis semanas, culminando con una marcha masiva en Bogotá el pasado 21 de noviembre.

Tres balas penetraron en el cuerpo de Legarda, quien no sobrevivió la cirugía de emergencia en el hospital San José en Popayán, la capital departamental.

Casi todos los líderes del CRIC y del movimiento indígena están convencidos que las balas fueron reservadas para su esposa, quien en ese momento estaba regresando de Ginebra donde asistió las sesiones sobre Colombia en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Por eso no estaba en el carro cuando ocurrió el ataque de la fuerza pública.

Ernesto Parafán, abogado del CRIC, lo caracterizó como un ataque directamente al CRIC, y específicamente, un atentado en contra de la vida de Quilcué. Según varios informes del movimiento indígena, ella y otros líderes de la Minga Popular han recibido muchas amenazas de muerte en los últimos meses, sobre todo por su labor organizando la gran protesta que cautivó la atención de la opinion pública nacional e internacional. El gobierno rechaza esa acusación.

El general Justo Eliceo Peña, comandante de la Tercera Brigada en el Cauca, confirmó que sus soldados sí dispararon al carro del CRIC, un vehículo bastante reconocido en la zona por sus ventanas ahumadas y sus viajes constantes con los dirigentes del CRIC, una de las organizaciones sociales más importantes del país. Según el general, los soldados dispararon porque Legarda no paró en un retén militar en la área. El Ministro de defensa, Juan Manuel Santos, expresó su remordimiento por el ataque, categorizándolo de “error.”

Pero el movimiento indígena no está aceptando estas palabras tan fáciles, y está reclamando una investigación profunda e independiente sobre el acontecimiento, sobre todo por las amenazas constantes que ha habido en los últimos meses contra Quilcué y otros dirigentes.


La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, comentó en su página del internet que la zona donde le dispararon y mataron a Legarda, es cerca de una finca donde hay “presencia permanente de tropas del ejército Nacional,” y que sería muy difícil creer que los soldados no reconocieron el vehículo como uno del CRIC.

El CRIC quiere asegurar que este “acto no se quede en la impunidad” como ha ocurrido en tantos otros casos en el pasado.

Considerando la larga historia de las investigaciones vagas del gobierno sobre asesinatos en contra de líderes indígenas y del movimiento en general, hay bastantes razones para estar inquieto y preocupado. El evento trágico del martes pasado coincidó con el diez y sieteavo anivesario de unos de los episodios más brutales en la historia violenta en contra de los indígenas en Colombia, y también de uno de los actos mas reprehensibles de engaños de parte de actores del estado frente al público.

El 16 de diciembre de 1991, 20 indígenas de la comunidad Huellas-Caloto, incluyendo a 5 mujeres y 4 niños, fueron masacrados en la hacienda El Nilo en el norte del Cauca. Unos 60 asesinos encapuchados entraron a la hacienda y abrieron fuego. Los primeros informes sobre los actos indicaban que los actores eran narcotraficantes que querían las tierras para cultivar amapola. Pero en poco tiempo se aclaró que era mucho más complicado que simplemente unos narcos cometiendo delitos.

Los asesinatos ocurrieron después de un patron de amenazas y hostigamientos constantes en contra de la comunidad, de parte de hombres trabajando al servicio de unos terratenientes locales con el apoyo y la colaboración directa de la policía. Estaban enfrentando la lucha de recuperación de tierras que la comunidad indígena estaba desarrollando en ese momento en la zona. Fue una massacre anunciada.

La oficina del Procurador General de la Nación reveló evidencias que involucran directamente a miembros de la Policia Nacional en la massacre, antes, durante y después de los hechos. Según las investigaciones, éstos estaban trabajando en colaboración con narcotraficantes y terratenientes a lo largo del municipio de Santander de Quilichao. Estos criminals no estaban contentos con el trabajo organizativo de las comunidades,y sobre todo del CRIC.

La Corte Inter-Americana de derechos humanos estableció que el estado Colombiano tenía responsabilidad en este acto, y por eso, recomendó que el gobierno debía devolver más de 15,000 hectáreas de tierra a las familias de las víctimas de la massacre como acto de reparación. Hasta la actual fecha, sólo una porción reducida ha sido devuelta a las comunidades de Huellas, a pesar de una serie de promesas de varios gobiernos desde el 1998.

El asunto de la recuperación de las tierras en el Norte del Cauca sigue siendo uno de los puntos más complicados entre el gobierno de Presidente Alvaro Uribe Velez, y el Movimiento Indígena. En los últimos 17 años, esa lucha por las tierras ha sido el enfoque de muchas movilizaciones, incluyendo la Minga Popular de este año.

Los organizadores de la Minga, incluyendo Aida Quilcué, dicen que la posición de incumplimiento del gobierno acerca de este tema de las reparaciones para las víctimas de la massacre de Nilo es un ejemplo más de una política muy profunda de enfrentar al Movimiento Indígena y así aminorar su capacidad de movilización. El tema de las tierras es sólo uno de cinco temas de la agenda política de la Minga Popular. Actualmente, la Minga está planteando al pueblo Colombiano su oposición al TLC con EEUU, las contra-reformas y leyes aprobadas en este gobierno, que según el Movimiento, estan despojando a las comunidades de sus territorios, y la política de Seguridad Democrática de Presidente Uribe. Mientras que Uribe dice que esta política ha sido exitosa para enfrentar a la guerilla de las FARC, el Movimiento Indígena argumenta que resulta más en ataques de parte de agentes del estado como el que tomó la vida de Edwin Legarda Vázquez en la madrugada el 16 de diciembre.

Aida Quilcué ha sido una de las voces más eloquentes en la promoción de la agenda de la Minga y en la oposición al actual gobierno. Será que el CRIC está concluyendo mal que esas balas eran dirigidas a ella? Y más importante, irá a haber justicia en este último caso de violencia en contra del pueblo Nasa en Colombia? o es que les va tocar esperar y esperar, como lo que sigue pasando con el caso del Nilo?

Mario Alfonso Murillo es Professor Asociado de la Universidad Hofstra en Nueva York y periodista actualmente basado en Bogotá, Colombia.
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El crimen del comunero indígena Edwin Legarda en Inzá, departamento del Cauca, es un crimen de Estado

Autor: Alexander López Maya

En mi condición de Senador de la República y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República , denuncio ante la opinión pública internacional y nacional y ante el Congreso de Colombia, la ejecución extrajudicial del ciudadano y comunero indígena, Edwin Legarda en la madrugada del día de hoy, en la vía Inza - Totoro, a la altura de la Finca San Miguel, de propiedad del Señor Bolívar Manquillo, en la vereda Gabriel López del municipio de Totoró, departamento del Cauca.

La víctima fue abaleada, según lo han denunciado las organizaciones indígenas del departamento del Cauca, por tropas del Ejército Nacional, adscritas a la 3ra Brigada, que operaban en el área y que dispararon de manera repetida con armamento de guerra en contra del vehículo en que se movilizaba Edwin Legarda.

El operativo oficial que dejó como saldo al comunero indígena muerto por medio de 17 impactos de arma de fuego sobre el vehículo emboscado configura un atentado criminal más, en contra de la dirigencia indígena del Cauca, precisamente en el 17 aniversario de la masacre de 20 comuneros en la Hacienda del Nilo, en Caloto, Cauca.

Hecho trágico que compromete de manera directa, la responsabilidad del Gobierno Nacional, en el manejo del orden público en esta zona del país y su política para el tratamiento del conflicto con las comunidades indígenas, el cual se ha visto ensombrecido en el último periodo por amenazas reiteradas, abusos permanentes de la Fuerza Pública , persecuciones de tipo judicial y violaciones reiteradas de los derechos humanos en un creciente espiral de militarización, paramilitarización y agresión hacia los territorios y jurisdicciónes indígenas por parte del Gobierno Nacional.

En este sentido, exijo una respuesta oficial inmediata a las comunidades indígenas del norte del Cauca , por parte del Presidente de la República , Dr. Álvaro Uribe Vélez, en su calidad de Comandante General de las Fuerzas Militares. El Presidente no solamente debe encabezar las acciones que conduzcan a iniciar todas las investigaciones de carácter interno, disciplinario y penal con ocasión de los hechos, sino que además debe pedir disculpas a las comunidades indígenas, al Consejo Regional Indígena, a la consejera mayor y esposa de la víctima, Aída Quilcué, quien es una destacada dirigente de la Minga indígena, la cual ha sido amenazada en múltiples ocasiones; y en su nombre al país entero, a nombre del Estado colombiano, por este nuevo hecho de agresión, irrespeto y vulneración de los derechos fundamentales a la vida y la soberanía de los pueblos indígenas y del orden constitucional, en cabeza de las tropas del Ejército Nacional, bajo su mando.

Solicitamos garantías a todo el movimiento indígena colombiano y el respeto a su autonomía. Así mismo, se solicita que los responsables de este hecho sean puestos en manos de la justicia ordinaria.

Es necesario que el Presidente Uribe defina cuál es la política en torno al movimiento indígena colombiano, cuando lo único que reciben estas comunidades son agresiones, persecución y no atención a las demandas de estas comunidades.

De la misma manera, el Presidente de la República, debe comprometerse públicamente a cesar la represión y la campaña de persecución en contra del movimiento indígena del departamento del Cauca y del país.

Firmado.

Alexander López Maya
Presidente
Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República