La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.
COMPROMISO INSTITUCIONAL DE DESMENTIR LA VERSIÓN QUE EL FALLECIDO EDWIN LEGARDA HABIA HECHO CASO OMISO A UN RETEN MILITAR
El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con respecto al atentado donde falleció el compañero José Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aida Quilcue, hace las siguientes precisiones:
La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.
Que ésta reiterada violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas es efecto de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Que de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el lugar del atentado, queda claro que es falsa la versión presidencial sobre la existencia de un error de señalización o que el compañero Edwin Legarda se haya pasado un reten militar, primero porque los rastros dan señal que los soldados estuvieron varias horas atrincherados en un trayecto de 800 metros esperando el carro;
segundo porque a esa hora pasaron varios vehículos que viajaban a una reunión en la mesa de Togoima que se efectuaría ese mismo día y a la cual asistiría la consejera Mayor del CRIC AIDA QUILCUE VIVAS, vehículos a quienes en ningún momento requirió el grupo del ejército que se encontraba en la zona y tercero porque en documento firmado conjuntamente por el General Leonardo Barrero, comandante de la Vigésima Novena Brigada del ejército y las autoridades Indígenas, el primero se comprometió a desmentir la versión que “el fallecido Edwin Legarda había hecho caso omiso a un reten militar”.
Que el atentado estaba dirigido contra la Consejería Mayor del CRIC, en especial contra AIDA QUILCUE VIVAS, quien de no haberse retrasado, debería haber pasado por el sitio a la hora del atentado en su viaje a la Mesa de Togoima, situada en el municipio de Páez.
Que igualmente el grupo militar no supo explicar la posesión de dos fusiles que estaban en el campamento sin un militar asignado para ellos, lo que las autoridades indígenas toman como un indicio de que se intentaba hacer un montaje posteriormente al atentado.
Que en la primera versión el comandante de la patrulla militar, ante las autoridades indígenas, dijo que desde el carro del CRIC le habían hecho ráfagas de fusil, versión que luego cambió diciendo que el señor Legarda había pasado un reten militar, admitiendo finalmente que se trató de un error militar.
Que el comunero Edwin Legarda logró escapar gravemente herido del atentado, evitando así la realización un montaje con los dos fusiles que estando en posesión de los militares no se supo explicar su pertenencia; situación que de haberse concretado hoy tendría en entre dicho la civilidad de nuestra resistencia y la transparencia de nuestra organización.
Que las alocuciones del presidente Álvaro Uribe justificando la acción militar donde se asesinó al esposo de la consejera Mayor del CRIC, no es más que otra patraña para desdibujar este crimen de Estado y justificar la continuación de su política de aniquilamiento de los pueblos indígenas.
Que a pesar de las múltiples amenazas y atentados contra autoridades indígenas y miembros del CRIC, el Estado colombiano no ha tomado medidas para proteger la integridad física y moral de nuestros líderes, por el contrario, al parecer, el gobierno está utilizando su influencia política para evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte las medidas cautelares solicitadas por diferentes organismos protectores de los derechos humanos en defensa de nuestros procesos organizativos.
Finalmente hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a los organismos de derechos humanos, para que estén atentos a los desarrollos de las políticas nacionales frente a pueblos indígenas; debido a que nuestra protesta está siendo estigmatizada y criminalizada lo cual coloca en alto riesgo nuestros procesos, autoridades tradicionales, personal de la organización, líderes indígenas y comunidades. En consecuencia expresamos que la responsabilidad de lo que suceda a nuestra gente y procesos organizativos es del Estado colombiano.
Popayán, 19 de diciembre de 2008.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA -CRIC
1 comment:
Uribe’s Democratic Security Policy kills Edwin Legarda
20th December
Author: Indigenous Regional Council of Cauca (CRIC – abbreviation in Spanish)
Institutional commitment to refute the version that the deceased, Edwin Legarda had ignored a military roadblock.
The Indigenous Regional Council of Cauca, CRIC, with respect to the attack in which José Edwin Legarda died husband of the Chief Council of CRIC, Aida Quilcue, makes the following clarifications:
The death of the husband of the Chief Council of CRIC cannot be intepreted as an isolated event. Rather, it is part of a chain of murders, persecution, illegal judicial proceedings and displacment that the indigenous communties are sustaining and in which the State participates by acion, ommision and permission.
These repeated human rights violation against the indigenous communties is a consequence of President Álvaro Uribe Vélez’s democratic security policy.
The evidence gathering at the scene of the attack makes it clear that the presidential version of events, that there was an error in the signing of the military blockade or that Edwin Legarda drove past the military roadblock, is false. Firsly, there are traces which indicate that the soldiers were in trenches for several hours stretched out over 800m, waiting for the car. Secondly around the time of the attack, various vehicles were on route to a meeting of the Togoima committe that was going to take place the same day and at which the Chief Council of CRIC Aida Quilcue Viva was planning on attending, and yet the military group present did not summon any vehicle to stop. Thirdly in the document signed by the General Leonardo Barrero of the Vigésima Novena Brigade of the Army and the Indigenous authorities, the General commmited himself to refute the version that "the deceased, Edwin Legarda had ignored a military roadblock."
This attack was aimed at the Chief Council of CRIC, particularly Aida Quilcue Vivas, who should have passed by the site at the time of the attack on route to the la Mesa de Togoima, Páez muncipy, if she had not been delayed.
The military unit were not able to explain two guns that were present without a soldier assigned to them. The indigenous authories take this as an indication that they planned to plant false evidence after the attack.
In the first version of events, the Commanding officer of the patrolling military in the presence of the indigenous authories said that there had been gun fire in the CRIC vehicle. This version was later changed, and he said that Mr Legarda had drove past a military roadblock, and finally admitted that it was related to a military error.
Community land owner, Edwin Legarda managed to escape from the attack despite his fatal injuries and thus avoided being set-up with the two guns that were in the possession of the military without explanation; a situation that would have put in doubt the civility of our resistance and the transparency of our organisation.
President Álvaro Uribe’s speeches, justiying the military action where the husband of the Chief Council of Cric died is nothing more than another hoax in order to blur this State crime and justify the continuation of the policy of exterminating the indigenous communities.
In spite of the multiple threats and attacks agianst the indigenous authorities and CRIC members, the Colombian state has not take any measures to protect the pyhsical and moral integrity of our leaders, quite the opposite. It appears that the government is using its political influence to avoid that the Interamerican Commision for Human Rights enacts the precautionary measures requested by different human rights organisation in defence of our organisational processes.
Finally we appeal to the international community, especially human rights organisations, to pay attention to the development of national policies in opposition to indigenous communities; given that our protests are stigmatised and criminalised which puts our processes, traditional authorities, organisational personal, indigenous leaders and communities at high risk
Consequently, we express that what happens to our people and our organisational processes is the responsibility of Colombian state
Popayán, 19th December 2008.
Indigenous Regional Council of Cauca - CRIC
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