Tuesday, December 23, 2008

Política de Seguridad Democrática de Uribe Asesinó a Edwin Legarda

CRIC Article: Democratic Security Strategy of President Uribe killed Edwin Legarda

La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.

COMPROMISO INSTITUCIONAL DE DESMENTIR LA VERSIÓN QUE EL FALLECIDO EDWIN LEGARDA HABIA HECHO CASO OMISO A UN RETEN MILITAR

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con respecto al atentado donde falleció el compañero José Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aida Quilcue, hace las siguientes precisiones:

La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.

Que ésta reiterada violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas es efecto de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Que de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el lugar del atentado, queda claro que es falsa la versión presidencial sobre la existencia de un error de señalización o que el compañero Edwin Legarda se haya pasado un reten militar, primero porque los rastros dan señal que los soldados estuvieron varias horas atrincherados en un trayecto de 800 metros esperando el carro;
segundo porque a esa hora pasaron varios vehículos que viajaban a una reunión en la mesa de Togoima que se efectuaría ese mismo día y a la cual asistiría la consejera Mayor del CRIC AIDA QUILCUE VIVAS, vehículos a quienes en ningún momento requirió el grupo del ejército que se encontraba en la zona y tercero porque en documento firmado conjuntamente por el General Leonardo Barrero, comandante de la Vigésima Novena Brigada del ejército y las autoridades Indígenas, el primero se comprometió a desmentir la versión que “el fallecido Edwin Legarda había hecho caso omiso a un reten militar”.

Que el atentado estaba dirigido contra la Consejería Mayor del CRIC, en especial contra AIDA QUILCUE VIVAS, quien de no haberse retrasado, debería haber pasado por el sitio a la hora del atentado en su viaje a la Mesa de Togoima, situada en el municipio de Páez.

Que igualmente el grupo militar no supo explicar la posesión de dos fusiles que estaban en el campamento sin un militar asignado para ellos, lo que las autoridades indígenas toman como un indicio de que se intentaba hacer un montaje posteriormente al atentado.

Que en la primera versión el comandante de la patrulla militar, ante las autoridades indígenas, dijo que desde el carro del CRIC le habían hecho ráfagas de fusil, versión que luego cambió diciendo que el señor Legarda había pasado un reten militar, admitiendo finalmente que se trató de un error militar.

Que el comunero Edwin Legarda logró escapar gravemente herido del atentado, evitando así la realización un montaje con los dos fusiles que estando en posesión de los militares no se supo explicar su pertenencia; situación que de haberse concretado hoy tendría en entre dicho la civilidad de nuestra resistencia y la transparencia de nuestra organización.

Que las alocuciones del presidente Álvaro Uribe justificando la acción militar donde se asesinó al esposo de la consejera Mayor del CRIC, no es más que otra patraña para desdibujar este crimen de Estado y justificar la continuación de su política de aniquilamiento de los pueblos indígenas.

Que a pesar de las múltiples amenazas y atentados contra autoridades indígenas y miembros del CRIC, el Estado colombiano no ha tomado medidas para proteger la integridad física y moral de nuestros líderes, por el contrario, al parecer, el gobierno está utilizando su influencia política para evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte las medidas cautelares solicitadas por diferentes organismos protectores de los derechos humanos en defensa de nuestros procesos organizativos.

Finalmente hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a los organismos de derechos humanos, para que estén atentos a los desarrollos de las políticas nacionales frente a pueblos indígenas; debido a que nuestra protesta está siendo estigmatizada y criminalizada lo cual coloca en alto riesgo nuestros procesos, autoridades tradicionales, personal de la organización, líderes indígenas y comunidades. En consecuencia expresamos que la responsabilidad de lo que suceda a nuestra gente y procesos organizativos es del Estado colombiano.

Popayán, 19 de diciembre de 2008.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA -CRIC

Listado General de Noticias

Saturday, December 20, 2008

Muerte a balazos de esposo de líder indígena genera indignación en GinebraA

A report from AFP on the reaction in Geneva to the assassination of Edwin Legarda of CRIC (posted initially on ACIN's website)

12/19/2008; Autor: Agence France-Presse

La muerte a balazos por el ejército colombiano del esposo de una líder indígena que la semana pasada denunció a Bogotá ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra provocó indignación entre organizaciones no gubernamentales en esta ciudad.

Edwin Legarda, 28 años, marido de Aida Quilcué, máxima autoridad del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), se desplazaba el martes en un vehículo por el municipio de Totoró (suroeste de Colombia) cuando, según la versión oficial, fue tiroteado porque no atendió una orden de pare en un retén del Ejército.

Julie Gromellon, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresó su "condena por este asesinato cometido por los militares, que consideramos tiene un vínculo directo con las denuncias formuladas por Aida Quilcué en el Palacio de las Naciones de Ginebra la semana pasada, en el marco del Examen Peródico Universal".

Aida Quilcué "había denunciado ejecuciones perpetradas contra las comunidades indigenas y en particular contra sus dirigentes", recalcó Julie Gromellon.

"Cada vez que ocurre algo como lo sucedido durante el Examen Periódico Universal de Colombia, hay una reacción de este tipo, lo cual demuestra la indiferencia del gobierno colombiano sobre lo que le viene pidiendo la comunidad internacional", declaró Eric Sottas, Secretario General de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

"El gobierno colombiano se dice impactado por estas cosas, pero todo sigue igual", agregó Sottas, quien recordó el caso del abogado colombiano Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en su país luego de intervenir en Ginebra durante las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hace una década.

"El examen que acaba de pasar Colombia en Ginebra es un test para ver si pueden frenarse las violaciones graves de los derechos humanos; alli los atentados son selectivos, como el que ha cobrado la vida de Edwin Legarda, no es como en Irak que ponen bombas", precisó Sottas.
"Es escandaloso lo que ha pasado. Muestra los limites del ejercicio del Examen Periodico Universal. No me sorprende que este atentado venga luego del ataque contra las ONGs del vice presidente de Colombia, Francisco Santos durante el debate de Ginebra", acotó Adrien-Claude Zöller, presidente de "Ginebra por los derechos humanos", que dirige programas de formacion para las ONG que intervienen en Naciones Unidas.

La Comision Internacional de Juristas se declaró "indignada": "es un crimen que se suma a la larga lista de ataques contra las poblaciones indigenas, cometidos con total impunidad", subrayó Federico Andreu de esa ONG.

"Una vez mas, el homicidio de Edwin Legarda expone a la luz pública los homicidios de civiles a manos de las fuerzas de seguridad y la precaria situación de seguridad en la que se encuentran las comunidades indigenas en Colombia", indicó Patrizia Scannella, representante adjunta de Amnistia Internacional en Ginebra.

"El sistema de justicia civil debe llevar a cabo una investigacion inmediata, exhaustiva e imparcial sobre este homicidio", subrayó Scannella.

"El gobierno de Colombia asumió hace unos dias en Ginebra el compromiso voluntario de tomar todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales y proteger a las comunidades indigenas y afrocolombianas, de las que forma parte Aida Quilcué", recordó Roland Chauville, de UPR-Info.org, una ONG que da seguimiento al Examen Periódico Universal (EPU).

El Ministerio de Defensa de Colombia "lamentó" la muerte e informó que pidió investigar el caso a la oficina en Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Segun el ministerio no hay "suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos".

Friday, December 19, 2008

Un día más de infamia en Colombia

Asesinato de Edwin Legarda Vázquez No Se Puede Quedar en la Impunidad

Por Mario Alfonso Murillo (Bogotá, Colombia)

Cada año, el 16 de diciembre es una ocasión de celebración en Colombia y en todo el continente. Es el primer día de la Novena, la fiesta navideña donde las familias en todo el país se reunen con oraciones y canciones tradicionales.

Pero este 16 de diciembre no era un día de celebración para la consejera indígena Aida Quilcué y su familia. Una vez mas, la fecha marcó un momento trágico, caracterizado por violencia y terror para las comunidades indígenas del Cauca y de todo Colombia.

El martes pasado, como a las 4:00 de la madrugada, en la carretera entre el resguardo Inzá, Tierradentro y Totoró, territorio indígena, la camioneta official del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, fue disparada por lo menos 19 veces por una columna de la Tercera Brigada del Ejército Colombiano, matando al conductor del vehículo, Edwin Legarda Vázquez, el esposo de Aida Quilcué. Quilcué es la consejera mayor del CRIC, una indígena Nasa que en los últimos meses ha sido una de las representantes más visíbles de la Minga Indígena y Popular, la movilización nacional que comenzó el 12 de octubre y duró más de seis semanas, culminando con una marcha masiva en Bogotá el pasado 21 de noviembre.

Tres balas penetraron en el cuerpo de Legarda, quien no sobrevivió la cirugía de emergencia en el hospital San José en Popayán, la capital departamental.

Casi todos los líderes del CRIC y del movimiento indígena están convencidos que las balas fueron reservadas para su esposa, quien en ese momento estaba regresando de Ginebra donde asistió las sesiones sobre Colombia en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Por eso no estaba en el carro cuando ocurrió el ataque de la fuerza pública.

Ernesto Parafán, abogado del CRIC, lo caracterizó como un ataque directamente al CRIC, y específicamente, un atentado en contra de la vida de Quilcué. Según varios informes del movimiento indígena, ella y otros líderes de la Minga Popular han recibido muchas amenazas de muerte en los últimos meses, sobre todo por su labor organizando la gran protesta que cautivó la atención de la opinion pública nacional e internacional. El gobierno rechaza esa acusación.

El general Justo Eliceo Peña, comandante de la Tercera Brigada en el Cauca, confirmó que sus soldados sí dispararon al carro del CRIC, un vehículo bastante reconocido en la zona por sus ventanas ahumadas y sus viajes constantes con los dirigentes del CRIC, una de las organizaciones sociales más importantes del país. Según el general, los soldados dispararon porque Legarda no paró en un retén militar en la área. El Ministro de defensa, Juan Manuel Santos, expresó su remordimiento por el ataque, categorizándolo de “error.”

Pero el movimiento indígena no está aceptando estas palabras tan fáciles, y está reclamando una investigación profunda e independiente sobre el acontecimiento, sobre todo por las amenazas constantes que ha habido en los últimos meses contra Quilcué y otros dirigentes.


La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, comentó en su página del internet que la zona donde le dispararon y mataron a Legarda, es cerca de una finca donde hay “presencia permanente de tropas del ejército Nacional,” y que sería muy difícil creer que los soldados no reconocieron el vehículo como uno del CRIC.

El CRIC quiere asegurar que este “acto no se quede en la impunidad” como ha ocurrido en tantos otros casos en el pasado.

Considerando la larga historia de las investigaciones vagas del gobierno sobre asesinatos en contra de líderes indígenas y del movimiento en general, hay bastantes razones para estar inquieto y preocupado. El evento trágico del martes pasado coincidó con el diez y sieteavo anivesario de unos de los episodios más brutales en la historia violenta en contra de los indígenas en Colombia, y también de uno de los actos mas reprehensibles de engaños de parte de actores del estado frente al público.

El 16 de diciembre de 1991, 20 indígenas de la comunidad Huellas-Caloto, incluyendo a 5 mujeres y 4 niños, fueron masacrados en la hacienda El Nilo en el norte del Cauca. Unos 60 asesinos encapuchados entraron a la hacienda y abrieron fuego. Los primeros informes sobre los actos indicaban que los actores eran narcotraficantes que querían las tierras para cultivar amapola. Pero en poco tiempo se aclaró que era mucho más complicado que simplemente unos narcos cometiendo delitos.

Los asesinatos ocurrieron después de un patron de amenazas y hostigamientos constantes en contra de la comunidad, de parte de hombres trabajando al servicio de unos terratenientes locales con el apoyo y la colaboración directa de la policía. Estaban enfrentando la lucha de recuperación de tierras que la comunidad indígena estaba desarrollando en ese momento en la zona. Fue una massacre anunciada.

La oficina del Procurador General de la Nación reveló evidencias que involucran directamente a miembros de la Policia Nacional en la massacre, antes, durante y después de los hechos. Según las investigaciones, éstos estaban trabajando en colaboración con narcotraficantes y terratenientes a lo largo del municipio de Santander de Quilichao. Estos criminals no estaban contentos con el trabajo organizativo de las comunidades,y sobre todo del CRIC.

La Corte Inter-Americana de derechos humanos estableció que el estado Colombiano tenía responsabilidad en este acto, y por eso, recomendó que el gobierno debía devolver más de 15,000 hectáreas de tierra a las familias de las víctimas de la massacre como acto de reparación. Hasta la actual fecha, sólo una porción reducida ha sido devuelta a las comunidades de Huellas, a pesar de una serie de promesas de varios gobiernos desde el 1998.

El asunto de la recuperación de las tierras en el Norte del Cauca sigue siendo uno de los puntos más complicados entre el gobierno de Presidente Alvaro Uribe Velez, y el Movimiento Indígena. En los últimos 17 años, esa lucha por las tierras ha sido el enfoque de muchas movilizaciones, incluyendo la Minga Popular de este año.

Los organizadores de la Minga, incluyendo Aida Quilcué, dicen que la posición de incumplimiento del gobierno acerca de este tema de las reparaciones para las víctimas de la massacre de Nilo es un ejemplo más de una política muy profunda de enfrentar al Movimiento Indígena y así aminorar su capacidad de movilización. El tema de las tierras es sólo uno de cinco temas de la agenda política de la Minga Popular. Actualmente, la Minga está planteando al pueblo Colombiano su oposición al TLC con EEUU, las contra-reformas y leyes aprobadas en este gobierno, que según el Movimiento, estan despojando a las comunidades de sus territorios, y la política de Seguridad Democrática de Presidente Uribe. Mientras que Uribe dice que esta política ha sido exitosa para enfrentar a la guerilla de las FARC, el Movimiento Indígena argumenta que resulta más en ataques de parte de agentes del estado como el que tomó la vida de Edwin Legarda Vázquez en la madrugada el 16 de diciembre.

Aida Quilcué ha sido una de las voces más eloquentes en la promoción de la agenda de la Minga y en la oposición al actual gobierno. Será que el CRIC está concluyendo mal que esas balas eran dirigidas a ella? Y más importante, irá a haber justicia en este último caso de violencia en contra del pueblo Nasa en Colombia? o es que les va tocar esperar y esperar, como lo que sigue pasando con el caso del Nilo?

Mario Alfonso Murillo es Professor Asociado de la Universidad Hofstra en Nueva York y periodista actualmente basado en Bogotá, Colombia.
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El crimen del comunero indígena Edwin Legarda en Inzá, departamento del Cauca, es un crimen de Estado

Autor: Alexander López Maya

En mi condición de Senador de la República y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República , denuncio ante la opinión pública internacional y nacional y ante el Congreso de Colombia, la ejecución extrajudicial del ciudadano y comunero indígena, Edwin Legarda en la madrugada del día de hoy, en la vía Inza - Totoro, a la altura de la Finca San Miguel, de propiedad del Señor Bolívar Manquillo, en la vereda Gabriel López del municipio de Totoró, departamento del Cauca.

La víctima fue abaleada, según lo han denunciado las organizaciones indígenas del departamento del Cauca, por tropas del Ejército Nacional, adscritas a la 3ra Brigada, que operaban en el área y que dispararon de manera repetida con armamento de guerra en contra del vehículo en que se movilizaba Edwin Legarda.

El operativo oficial que dejó como saldo al comunero indígena muerto por medio de 17 impactos de arma de fuego sobre el vehículo emboscado configura un atentado criminal más, en contra de la dirigencia indígena del Cauca, precisamente en el 17 aniversario de la masacre de 20 comuneros en la Hacienda del Nilo, en Caloto, Cauca.

Hecho trágico que compromete de manera directa, la responsabilidad del Gobierno Nacional, en el manejo del orden público en esta zona del país y su política para el tratamiento del conflicto con las comunidades indígenas, el cual se ha visto ensombrecido en el último periodo por amenazas reiteradas, abusos permanentes de la Fuerza Pública , persecuciones de tipo judicial y violaciones reiteradas de los derechos humanos en un creciente espiral de militarización, paramilitarización y agresión hacia los territorios y jurisdicciónes indígenas por parte del Gobierno Nacional.

En este sentido, exijo una respuesta oficial inmediata a las comunidades indígenas del norte del Cauca , por parte del Presidente de la República , Dr. Álvaro Uribe Vélez, en su calidad de Comandante General de las Fuerzas Militares. El Presidente no solamente debe encabezar las acciones que conduzcan a iniciar todas las investigaciones de carácter interno, disciplinario y penal con ocasión de los hechos, sino que además debe pedir disculpas a las comunidades indígenas, al Consejo Regional Indígena, a la consejera mayor y esposa de la víctima, Aída Quilcué, quien es una destacada dirigente de la Minga indígena, la cual ha sido amenazada en múltiples ocasiones; y en su nombre al país entero, a nombre del Estado colombiano, por este nuevo hecho de agresión, irrespeto y vulneración de los derechos fundamentales a la vida y la soberanía de los pueblos indígenas y del orden constitucional, en cabeza de las tropas del Ejército Nacional, bajo su mando.

Solicitamos garantías a todo el movimiento indígena colombiano y el respeto a su autonomía. Así mismo, se solicita que los responsables de este hecho sean puestos en manos de la justicia ordinaria.

Es necesario que el Presidente Uribe defina cuál es la política en torno al movimiento indígena colombiano, cuando lo único que reciben estas comunidades son agresiones, persecución y no atención a las demandas de estas comunidades.

De la misma manera, el Presidente de la República, debe comprometerse públicamente a cesar la represión y la campaña de persecución en contra del movimiento indígena del departamento del Cauca y del país.

Firmado.

Alexander López Maya
Presidente
Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

Tuesday, December 16, 2008

A Day That Will Live in Infamy (Once Again)

Army's Killing of CRIC Member Tragically Marks 17th Anniversary of Nilo Massacre

Episode Coincides with Latest Act of Sabotage Against Nasa Community Radio Station in Northern Cauca


By Mario A. Murillo (Bogotá, Colombia)

December 16th is supposed to be a special day for most Colombians.

It’s the day that marks the start of what is called “La Novena,” the traditional nine-day countdown to Christmas.

For families around the country, rich and poor, urban and rural, “Las Novenas” are supposed to be a time of celebration, ritual gatherings with friends and loved ones. They are filled with community sing-alongs, of old-school holiday songs that take just about everybody back to their childhood.

But this December 16th will not be one of joy for Aida Quilcué and her family. Indeed, December 16th is once again being marked as a day of violence and terror for the indigenous communities of Cauca, and for the entire country.

This morning, at about 4:00am, on the road between Inzá, Tierradentro, and Totoró, on indigenous territory, the official car of the Regional Indigenous Council of Cauca, CRIC, was shot at 19 times by a column of the Third Division of the Army, fatally wounding the driver, Edwin Legarda Vázquez, Quilcué’s husband. Quilcué is the Chief Counsel of CRIC, and one of the most visible leaders of the recent Indigenous and Popular Minga that began on October 11th, culminating in a massive march and rally in downtown Bogotá on November 21st.

Three bullets penetrated Legarda, who did not survive the emergency surgery he was given after being rushed to San José Hospital in Popayán, the departmental capital.

But most people close to CRIC believe the bullets were really meant for his wife, who apparently was just returning from Geneva where she had been participating in the United Nations Human Rights Commission sessions on Colombia. She was not in the car when the attack occurred.

Ernesto Parafán, the lawyer for CRIC, believes it was a deliberate act committed against the organization, and specifically an attempt on Quilcués life by the government’s security apparatus. According to the indigenous leadership, Quilcué, along with other prominent leaders, has received numerous death threats in recent months, especially during the six weeks of mobilization and protests that captured the attention of both national and international public opinion.

General Justo Eliceo Peña, commander of the Army’s Third Division in Cauca, acknowledged on Caracol Radio that various members of the Army did indeed fire at CRIC’s car, a vehicle recognized throughout the area for its tinted windows, and for its countless trips throughout the mountainous terrain regularly carrying the movement’s leadership, particularly Quilcué. According to the General, his troops fired because the car did not stop at the military roadblock set up in the area. General Peña later expressed regrets for the attack, recognizing that even if they had not obeyed orders to stop, the excessive volley of bullets was not appropriate, and violated the Army’s protocol.

But the indigenous movement is not accepting these words at face value, and is demanding a full, independent investigation into the incident, given the recent wave of threats against Quilcué and other leaders.

"I think the attack was for me,” Quilcué later told Caracol Radio, in reference to her role in the MINGA social.

The Association of Indigenous Councils of Northern Cauca, ACIN, pointed out on its website that the area where Legarda was killed was near the Finca San Miguel in the village of Gabriel López in Totoró, “a property where there is a permanent presence of the National Army,” making it highly unlikely that the soldiers did not recognize the vehicle as being that of CRIC, one of the most prominent social organizations in the country.

Meanwhile, Perafán was quoted in El Tiempo saying that if the military does not thoroughly investigate, capture the perpetrators and bring them to justice, the Indigenous Guard of the community will do so “because these crimes were carried out within the territory of the (indigenous) community.”

Alvaro Mejía, a spokesperson for CRIC, added "we demand that this crime does not remain in impunity.”

December 16th: A Day that Lives in Infamy

If one considers the long track record of the government’s deliberately lackluster investigations into crimes committed by state actors against the indigenous movement, there is considerable reason for the community to be concerned. Today’s tragic incident ironically comes on the 17th anniversary of one of the most brutal episodes of Colombia's violent history against indigenous people, and perhaps its most despicable account of criminal cover up and public deception.

On Dec. 16, 1991, 20 indigenous people from the Huellas-Caloto community, including five women and four children, were murdered as they met to discuss a struggle over land rights in the estate of El Nilo in northern Cauca. Some 60 hooded gunmen stormed into the building where the community was meeting and opened fire. Initial news reports indicated that the gunmen were drug traffickers who had been seizing land in the region to grow opium poppies to produce heroin, but it soon became apparent that the culprits of the massacre were much more than simple narco-traffickers operating outside of the law. The killings had followed a relentless pattern of harassment and threats against the indigenous community by gunmen loyal to local landowners who were disputing the indigenous community’s claim to ownership of the land. In many ways, it was a massacre foretold.

According to the Inter-American Commission on Human Rights, the Special Investigations Unit of the Office of the Attorney General, which handled the first stages of the investigation into the massacre, uncovered evidence of the involvement of members of the National Police, both before and during the execution of these horrific events. They were working hand in hand with drug traffickers and wealthy landowners, who were not comfortable with the organizing and mobilizing capacity of CRIC and the local communities.

The Inter-American Court of Human Rights established that the Colombian state should hand back their land as part of the integral reparation to victims of the massacre committed by those ruthless death squads in collaboration with the police. In 1998, President Ernesto Samper acknowledged the responsibility of state actors in the massacre of El Nilo, and on behalf of the Colombian state, he apologized to the families of the victims and to the Nasa community of Northern Cauca, making promises to the relatives of the victims and the communities, to implement the recommendations of the Inter-American Human Rights Commission in the matter of Justice and Individual and Collective Reparations.

To this day, only a small portion of the land has been returned to any of the family members of the Huellas community, this despite repeated promises from various governments to do so. The issue of recuperation of the lands in the northern Cauca region continues to be a major point of contention between the government of Alvaro Uribe and the indigenous movement, and has sparked repeated mobilizations by the community in the last 17 years.

The Social and Community Minga that was initially launched in September 2004, but was re-initiated this year with the above-mentioned six-week mobilization, made the government’s fulfillment of its pledges to the community one of its five main rallying points, although it was not the only issue on their agenda of protest. The organizers of the Minga recognize that the failure of the government to come clean on its pledges to the community is just one manifestation of a much larger strategy of pushing back the indigenous movement’s national, broad-based call for social transformation on several different platforms. This platform of resistance includes a rejection of the government’s counter-reform measures that negate protections afforded to indigenous peoples across the country, measures that have opened the way for free trade agreements that in essence will rob the communities of their territories and the resources within. And it is a platform that is openly calling for an end to the government’s militarization of their territories, what President Uribe calls “Democratic Security,” but in the end results in the kinds of state-sponsored violence that took the life of Edwin Legarda Vázquez in the early morning hours of December 16th.

Aida Quilcué has been one of the most eloquent voices promoting this agenda. Are we jumping to premature conclusions in assuming those bullets were meant for her?

Will there be justice in this latest case of violence against the Nasa people, or will it be as slow in coming as it was (and still is) for the many victims of the Nilo massacre?

Silencing the Truth in Northern Cauca

The senseless tragedy befalling Quilcué, her family, CRIC and the entire indigenous community of Colombia is currently being reported peripherally by the corporate national news media such as El Tiempo, Caracol Radio and other sources. However, one media outlet where it is not currently being reported is on the community radio station of the Nasa people of northern cauca, Radio Pa’yumat, licensed to the ACIN.

Over the weekend, the station’s transmitter equipment, and antenna were severely damaged in an act of sabotage by as of yet unnamed actors, although the community refers to the perpetrators as the same forces of terror that continue to try to silence the indigenous movement with acts of violence. ACIN has denounced the latest assault on their primary communication vehicle on its website, stating that it is part of an ongoing process of intimidation and fear:

“Not coincidentally, these prior acts of sabotage have occurred at the precise time that our communities were initiating major mobilizations and important actions against the armed actors that constantly provoke war in our territories. Therefore, the assault against our community radio station is not an isolated incident, but is part of a deliberate strategy of silencing the indigenous movement of northern Cauca, because the radio station is the most important medium within the community. It allows us to listen to one another, to discuss important issues, reflect on them, make decisions in the interest of the community, and take actions collectively in defense of life and of our territory.”

It is understood by most observers that the indigenous communities that have been most successful over the years at confronting the myriad threats to their autonomy throughout the country, are those with the strongest organizational structures, legitimized by being in a constant dialogue with the base. These are the same communities that continue to play the role of interlocutor with other, non-indigenous actors, be they state institutions, different social sectors like the peasant or trade union movements, and international solidarity organizations.

And not surprisingly, many of these communities, like the cabildos that make up ACIN, maintain their own, independent media channels as essential components of their collective resistance. These community media channels spring from a long tradition of grassroots, independent, citizens’ media projects that have emerged throughout Colombia over the past 35 years, and that coalesced alongside broad based social movements with the rewriting of the Constitution in 1991. Naturally, these community-based media are only as effective as their organizations’ capacity to successfully confront the destructive, militarist, and undemocratic models that surround them. In the long run, strong organizational bases make them more secure and protect them from the inevitable, reactionary backlash, given the high levels of violence that has always been directed towards independent voices in Colombia. But sometimes that high level of organizing is not enough to prevent the kind of sabotage that occurred over the weekend.

"Those who carried out this act of sabotage knew what they were doing," said Dora Muñoz, Coordinator of the Radio station. She added “all of this points to a systematic wave of terror. I'm afraid we're only just beginning to see what may come in the coming days and weeks, directed against us."

The Nasa communities of Cauca, with their long trajectory of mobilization spearheaded by CRIC and ACIN, in the spirit of constructing sustainable, democratic alternatives, are working alongside truly revolutionary, transformative practices in communication. Radio Pa’yumat happens to be one of the national models of these transformative communication practices, rooted in indigenous traditions of bottom-up consultation and community reflection. However, it is not supported in any way by state institutions.

If there were some state communication policies that were in defense of the rights of the people, the immediate reaction of the government would have been to repudiate these acts of sabotage and provide some resources to support the radio station's efforts, efforts that we depend on for our security and well being while we are under constant attack," said Ezequiel Vitonás, a member of the council of chiefs of ACIN.

Today, December 16th, 2008, on the 17th anniversary of the massacre of 20 Nasa on the Nilo estate, on the same day that the husband of CRIC’s chief spokesperson was killed by a fusillade of Army bullets, ACIN's radio station remains off the air due to ruthless acts of sabotage.

Is this all a tragic coincidence?

Too often these types of stories are completely ignored by the Colombian corporate media, which are perpetually stuck on the faulty narratives relating to guerilla terrorism, false victimization, and celebrity gossip. These patterns of media obsession were evident most clearly this past Sunday, when El Tiempo released its list of personalities of the year. Topping the list was pop-super star and pretty boy Juanes, whose ambiguous politics - supposedly “committed to social change” - make him a safe bet for the editorial writers of the nation’s establishment newspaper of record. The multi-Grammy Award winner was followed on the year-end list by two of the principal architects of the government’s Democratic Security strategy, Defense Minister Juan Manuel Santos and Armed Forces Chief Freddy Padilla, lauded for their so-called victories against FARC guerillas. These are the same individuals who are responsible for the False Positives scandal that only temporarily rocked the top brass of the military in 2008.

And perhaps these are the same individuals who ultimately should be held accountable for the criminal act of violence perpetrated this morning against Legarda Vázquez.

So in his memory, and in the memory of Jairo Secué, Domingo Calis, Daniel Peté, Adán Mestízo, Darío Coicué, Feliciano Otelo, Calicio Chilhueso, Mario Juliqué, Edegar Mestizo, Jesús Peté, Julio Dagua, Carolina Tombé, Ofelia Tombé, Jose Elías Tombé, Foresmiro Viscué, Leonidas Casamchín, and José Elías Ulcué, and all the other victims of state-sponsored terror in Colombia, let’s not be silent today.

In the spirit of Manuel Quintín Lame!

Let our voices of rage be the megaphones projecting through the heroic signal of Radio Pa’yumat, temporarily silenced by reactionary forces. Let’s shout out collectively, in order to drown out the tacky melodies that will be sung throughout the country on this first night of the Christmas novena, in the spirit of resistance.

So that the tears of Aida Quilcué can be converted into the fire of a people that will not be silenced!

MAMA

Radio Pa´yumat: vida o muerte para el proceso

Message from ACIN about attack on Radio Pa'yumat

12/16/2008

Autor: Tejido de Comunicación ACIN

“Tener nuestra emisora funcionando no es una opción, es una urgencia de vida o muerte para nuestro proceso y para la Minga Social y Comunitaria en nuestro empeño por que no se cierren las posibilidades de construir en paz un país diferente. Todos los actores armados deben salir de nuestros territorios. Lo nuestro no es esta guerra. Lo nuestro es la Vida y la Libertad

Lo más urgente en estas condiciones en las que vienen implementándose acciones integrales de terror contra nuestro proceso milenario, es mantener una comunicación para la verdad que nos permita defendernos en unidad y convocar la solidaridad del país y del mundo para pervivir y continuar construyendo una alternativa de paz y en paz para Colombia, como la Gran Minga Social y Comunitaria lo ha ordenado.”, con estas palabras reaccionó Feliciano Valencia, Consejero del CRIC, visiblemente conmovido por el atentado que dejara sin vida al compañero Edwin Legarda y que tiene todos los visos de un atentado dirigido contra la consejera Mayor Aida Quílcue.

Feliciano Valencia se refirió al acto de sabotaje que inhabilitó los equipos de transmisión de Radio Pa´yumat: “No parece una coincidencia que se silencie el principal medio radial de nuestros pueblos, mientras se desarrolla un plan de agresión por parte del Estado y de los actores armados. Todo apunta a que silencian la emisora como parte de una estrategia de terror. Por eso, necesitamos con urgencia reparar los equipos y que se escuche de nuevo la voz del pueblo Nasa.”.

Radio Pa´yumat se escucha en el Cauca, en parte del Valle del Cauca y de Nariño y es el principal medio de comunicación local del proceso indígena del Norte del Cauca y de gran parte del Cauca. “Tener nuestra emisora funcionando no es una opción, es una urgencia de vida o muerte para nuestro proceso y para la Minga Social y Comunitaria en nuestro empeño por que no se cierren las posibilidades de construir en paz un país diferente. Todos los actores armados deben salir de nuestros territorios. Lo nuestro no es esta guerra. Lo nuestro es la Vida y la Libertad”.

La situación para la emisora es dramática. Afectada por una crónica carencia de recursos que nunca le impidió mantener sus altos niveles de calidad y su enorme audiencia comunitaria, la reparación de los equipos supone una inversión de sesenta millones de pesos y la importación de repuestos y partes indispensables. “Quienes cometieron este acto de sabotaje, sabían lo que estaban haciendo” explicó Dora Muñoz, Coordinadora de la emisora y agregó “todo apunta a que esto hace parte de un plan de terror. Tememos que este es apenas el comienzo de lo que se nos viene encima”.

Si existieran políticas de comunicación para la defensa de los derechos de los pueblos, la reacción inmediata del Estado habría sido la de repudiar estos hechos y aportar los recursos para reparar la emisora de la que depende la seguridad e integridad de las comunidades, mientras nos atacan y amenazan” comentó Ezequiel Vitonás, Consejero de la ACIN.

Desde las comunidades, los mensajes para ser transmitidos por Radio Pa´yumat siguen llegando aunque no puedan transmitirse. Ojalá al compromiso de este medio comunitario se sume la solidaridad necesaria para impedir que este silencio en medio del terror se prolongue.

Para efectos de apoyo económico que permitan la reparación de Radio Pa`yumat solicitamos hacer sus giros a través de Wester Union para así facilitar el envío de recursos. El aporte a esta causa lo pueden hacer usando la siguiente información:

Nombre: José Héctor Martínez
Cédula: 10.499.324 de Santander de Quilichao
Dirección: Calle 3 No 7ª-20 Santander de Quilichao
Telefax: 092 8293999
Emails: acincauca@yahoo.es y vilmaalmendra@yahoo.es


Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida
Santander de Quilichao, diciembre 16 de 2008.

Atentado letal del Ejército contra el CRIC

Here's an urgent press release put out on Tuesday by ACIN related to the death of Edwin Legarda, the companion of Aida Quilcué, the chief counsel of CRIC, in Cauca, and one of the spokespersons of the Minga Popular. He was apparently killed by soldiers of the Third Division of the Army, who opened fire on the vehicle of CRIC's Council of Chiefs in the early morning hours of Tuesday, December 16th. The vehicle in which he was traveling had at least 19 bullet holes, and he was hit with three bullets, as reported in El Tiempo.

Ernesto Parafán, the lawyer for CRIC, believes it was a deliberate act committed against the CRIC, and specifically an attempt on Quilcués life, as a way to confront the ongoing MINGA social that has captured the attention of the Colombian public for the past two months. Aida Quilcué was not in the car, as she was apparently returning from Geneva, where she had been participating in the ongoing meetings of the United Nations Office on Human Rights.

The Indigenous Guard of Totoró is not permitting the passage of any soldiers through the area, and says it will capture and detain the soldiers implicated in the attack if government authorities do not do so on their own. The Regional Indigenous Council of Cauca, CRIC, denounced the actions of the military, and is calling for a full investigation into the death of Edwin Legarda (photo, right).

Today is the 17th Anniversary of one of the most brutal episodes of Colombia's violent history against the indigenous movement: On the 16th of December in 1991, some fifty heavily armed men, hooded and in military style uniforms, violently attacked a community of Nasa Indians on the "El Nilo" farm near Caloto, Cauca. Twenty people were killed, some after being bound and forced to lie on the floor.

We'll have more on the Nilo massacre in a forthcoming post, but this is to remind us that the violence and terror does not stop for Colombia's indigenous movement. This latest crime must be fully investigated by independent sources, the perpetrators must be brought to justice, and we should not accept another cover-up by government forces bent on breaking the indigenous leadership.

12/16/2008 Autor: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN

Denunciamos con ira y dolor el atentado criminal cometido por el Ejército colombiano contra el vehículo de la Consejera Mayor del CRIC Aida Quilcué, que deja como víctima mortal a su compañero Edwin Legarda.

Hemos sido informados por fuentes directas que alrededor de las 4 de la mañana de hoy 16 de Diciembre, el vehículo de la Consejera Mayor del CRIC en el que iban su compañero Edwin Legarda con una misión médica, fue rafagueado por hombres del Ejército Nacional cuando iba pasando por la Finca San Miguel de propiedad del Señor Bolívar Manquillo, en la vereda Gabriel López del municipio de Totoró. En esta finca hay presencia permanente de tropas del ejército Nacional.

Este atentado dejó como resultado las heridas letales a: Edwin Legarda. Edwin fue trasladado de inmediato al Hospital San José de Popayán con un impacto de bala en el tórax y dos más en los miembros inferiores. Infortunadamente nos informan desde Popayán que el compañero Edwin acaba de fallecer.

El vehículo de la Consejera se encuentra en Totoró y registra 17 impactos de bala a lado y lado y dos de los impactos en la parte de adelante, lo que refleja la brutalidad de la acción militar.

Según lo aseveran testigos de los hechos, no había retén en la vía ni se dio la orden de alto por parte de las tropas.

El Comandante de la Tercera División del Ejército, Justo Eliseo Peña, reconoció a La W que según informes preliminares, en el sitio de los hechos se encontraban soldados campesinos que dispararon cuando se desobedeció la orden de parar. De todos modos, el General Peña lamenta los hechos y dice que se iniciarán las investigaciones pertinentes, reconociendo que aún si se hubiera desobedecido la orden de detenerse, la reacción de disparar como se hizo no es apropiada ni corresponde con los protocolos y normas.

Manifestamos nuestro más sentido pésame a la Consejera Mayor Aida Quilcué. La rodeamos de afecto y solidaridad y le ofrecemos lo que esté a nuestro alcance en estos momentos de dolor intenso. A la familia y amistades de Edwin, van nuestras condolencias. A toda la familia del CRIC, una voz de aliento solidaria y sentida. Un llamado reiterado a la unidad para continuar por el sendero de construir en Minga un país diferente, en el que cese por fin el terror y la guerra. Como siempre, reiteramos la posición de nuestros mandatos, rechazamos las balas, el terror y la guerra, vengan de donde vengan. La impunidad no puede permitirse en esta dolorosa situación. Esta es una guerra contra los pueblos, contra el movimiento indígena por nuestra posición de dignidad, contra la Minga Social y Comunitaria, contra el derecho de construir desde los pueblos un país sin dueños y en paz. Exigimos que salgan de nuestros territorios y que nos dejen en Paz.

Hoy 16 de Diciembre de 2009, se conmemora el 17 aniversario de la masacre de 20 comuneras y comuneros en El Nilo, por parte de paramilitares, fuerza pública, narcotraficantes y terratenientes. Condenado el Estado Colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún no cumple el Estado con sus obligaciones frente a esta masacre, nos señala, pone precio sobre nuestras cabezas, nos acusa de terroristas por Liberar la Madre Tierra y comete otra acción de muerte. Desde el dolor y la rabia reiteramos el compromiso con la vida y con la dignidad y convocamos la solidaridad Nacional e internacional para que nos apoyen al exigir que salgan todos los actores armados y sus cómplices de nuestros territorios.

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
ACIN-Cxab Wala Kiwe
Diciembre 16 de 2009
17 aniversario de la Masacre de El Nilo

http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=9336


Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN
Telefax: 0928 - 290958 - 293999
Email: acincauca@yahoo.es
Web:
www.nasaacin.org/index.htm
Santander de Quilichao Cauca -Colombia

Acts of Sabotage Carried Out Against the Main Voice of the Nasa People of Northern Cauca

This is the English translation of the communique put out by ACIN on Monday regarding recent acts of sabotage against the community radio station, Radio Pa'yumat. It is urgent that the national and international community make known their repudiation of these ongoing acts of intimidation and terror against one of the most important community media in Colombia!

ACIN’s primary community radio station suffers another technical setback by the forces of terror in Cauca

12/15/2008

Author: Communication Team for External Relations, Life and the Truth – Association of Indigenous Councils of Northern Cauca, ACIN (Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida-ACIN)

We are the victims of an integral plan of aggression that clearly emanates from all the armed actors operating in our territories. In the name of the struggle of the people for a country without owners, we reject these actions, come from where they may!

We call your attention to events that occurred on Saturday, December 13th, in the mountain of Munchique de los Tigres, in northern Cauca, where the small shed housing the transmission equipment and the antenna of ACIN’s community station Radio Pa’yumat was ransacked and damaged. The perpetrators stole the copper wires that protect the equipment, causing severe technical damage in all the transmission equipment of Radio Pa’yumat, the voice of the Nasa people.

It’s important to point out that this is not the first time that such acts of sabotage have occurred against our radio station, given that in previous occasions, not only have they robbed the copper protective cables, but thugs have also stolen the broadcast equipment from within the station’s studios in Santander de Quilichao. Not coincidentally, these prior acts of sabotage have occurred at the precise time that our communities were initiating major mobilizations and important actions against the armed actors that constantly provoke war in our territories.

Therefore, the assault against our community radio station is not an isolated incident, but is part of a deliberate strategy of silencing the indigenous movement of northern Cauca, because the radio station is the most important medium within the community. It allows us to listen to one another, to discuss important issues, reflect on them, make decisions in the interest of the community, and take actions collectively in defense of life and of our territory.

From the Association of Indigenous Councils of Northern Cauca, ACIN, we publicly denounce these acts of aggression against the word of the indigenous movement, because to silence us within this context of aggression that we are living is to shut down the voice of resistance, and put us in immediate risk. This is because when something severely urgent occurs in our territory, the important mechanism of communication that is radio will no longer be at our disposal to alert the community and to create solidarity in times of emergency. From our own experiences, we know that when there are persecutions, kidnappings, threats, attacks and all the other acts of violence, radio is our primary means of communication.

Therefore, the intention of this latest act of sabotage is to silence the voice of the Nasa people, to weaken the political and organizational process, and the ability to react immediately to acts of violence in our territory. This is already evident in the resguardo of Munchique, where we currently have an entire family disappeared – the Sanchez-Serna family; Florentino Sánchez, 55, Aminta Serna, 47, and Carol Ximena Sánchez, 12. Precisely at a time when we need this important communication medium to move the community in search of this family, we cannot count on the station to carry out our work more effectively. Furthermore, we currently have information about diverse acts of terror, mobilization and defamation being planned against the indigenous processes, specifically against the resguardos of Corinto, Tacueyó, and Huellas-Caloto, among others.

These are actions that present themselves with different justifications, they are nefarious crimes carried out by actors who hide themselves from the public, with the objective of intimidation and terror. We denounce these acts of aggression with anticipation, come from where they may, considering that they only benefit those people who want to rob and displace us of our territory, and they work against the interests of the popular struggle, for the dignity that we defend through the agenda of the Social and Community Minga, la Minga Popular.

For all the reasons cited above, we reject the sabotage carried out against the indigenous movement, the Communication Team of ACIN, and specifically, against Radio Pa’yumat, because these acts once again prove the systematic strategies of repression and defamation being carried out against the indigenous communities of northern Cauca.

Finally, we put out a call to the indigenous authorities for their help in investigating these acts and catching those who are responsible, and to the national and international community, to denounce this aggression against our process and to mobilize the economic resources of support that might help us to recuperate the equipment that was damaged.

We are victims of an integral plan of aggression that undoubtedly emanates from all the armed actors in our territories. In the name of the struggle of the people for a country without owners, we reject these actions, come from where they may!

Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida-ACIN Santander de Quilichao, diciembre 15 de 2008.