Señalamientos y acciones contra los pueblos indígenas del Cauca

Folks,

This missive (in Spanish) by the Regional Indigenous Council of Cauca, CRIC, was posted by La Minga Informativa de Movimientos Sociales. It describes in pretty good detail what is at stake currently as the situation on the ground facing the indigenous movement today in Colombia. More to come...

MAMA
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El gobierno colombiano rediseña campaña de amenazas:
Señalamientos y acciones contra los pueblos indígenas del Cauca

Mientras los pueblos indígenas del Cauca, continuamos reclamando respeto
por nuestra Autonomía Territorial, Administrativa, Cultural, en un
permanente accionar de rechazo a la guerra y a toda forma de violencia
porque impiden la realización de nuestros Planes de Vida, el gobierno
nacional, queriendo ligar su confrontación armada con la guerrilla,
descalifica nuestros procesos de resistencia pacífica en el Cauca e
implementa su ya consabida política de señalamiento, estigmatización y
acciones de guerra, paradójicamente contra aquellos municipios que se la
juegan por construir democracia participativa.

Para el presidente Uribe sigue siendo un acierto mediático justificar la
ineficiencia y el fracaso de la política de seguridad democrática, bajo
un lenguaje perverso y soterrado que habla de “republiquetas de
delincuentes”, rotula a la población indígena de “milicianos,
delincuentes y narcotraficantes”, concluyendo, que “en un resguardo
indígena la Fuerza Pública tuvo resistencia para lograr la captura de
varios narcotraficantes”.

Hoy más que nunca se evidencia la existencia de un complot entre la
guerrilla de las farc y el gobierno nacional contra los pueblos
indígenas. Maniobra que les sirve para justificar ante los incautos sus
acciones contra la población civil, explicar los altos costos de la
guerra y argumentar el cobro de impuestos o vacunas para mantener la
guerra.
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La orden dada a la Fuerza Pública, por el Presidente Álvaro Uribe Vélez,
el pasado domingo 21 de febrero, para que desmantele “a las milicias
terroristas de las Farc que delinquen en los municipios caucanos de
Jambaló, Caldono y Cajibío” no deja de ser una decisión soberbia y mal
intencionada contra los habitantes de esos territorios, pues las
justifica bajo su política de seguridad democrática, haciéndole creer al
lector desprevenido que estos municipios están bajo el dominio de la
guerrilla, olvidando que son los territorios símbolo de la resistencia y
de la guardia indígena, donde no solamente se han desmantelado cocinas
del narcotráfico sin la ayuda gubernamental, sino que se ha controlado
el territorio de los desmanes de los ejércitos, sean ilegales o legales.

Insiste el presidente en vociferar que en Colombia ningún lugar “puede
estar excluido de la Fuerza Pública, ningún lugar de la Patria puede
convertirse en republiqueta de delincuentes”, cuando se conoce que el
paramilitarismo reina impunemente en gran parte del territorio nacional,
que su fuerza pública está comprometida con crímenes de lesa humanidad
que permanecen en la impunidad y que la guerrilla sigue siendo su
principal aliado publicitario. La guerra no puede seguir siendo contra
la población civil y menos contra los pueblos indígenas.

Un ejemplo de estas situaciones es lo acontecido el día 31 de enero de
2010, en el Resguardo Indígena de La Aguada San Antonio , donde, después
de un enfrentamiento entre la fuerza Pública y las FARC, resultó un
soldado muerto en combate y varios heridos de la población civil, entre
ellos una niña de la comunidad que habitaba en el lugar. Allí entró el
Ejército Nacional presionando a la población para que les suministrara
información y al no encontrarla, la amenazó diciendo que después
entrarían en la zona las águilas negras, quienes no tendrían
consideración con los colaboradores del terrorismo.

Igual a la orden presidencial de pagar recompensas dada en un Consejo
comunitario de Popayán para romper la unidad indígena o decir que hay
indios buenos e indios malos buscando justificar su apoyo a la creación
de la Opic han sido expresiones tan perversas como la emitida en el
pasado consejo de seguridad de Popayán, el domingo anterior donde dijo
que “no se puede violar la Constitución en el sentido de pretender que
las autonomías que derivan de la Constitución son equivalentes a
republiquetas de delincuentes, de ninguna manera”. ¿Para quién puede ser
la amenaza?, no para las farc, sino para nuestros procesos de autonomía
territorial, como el que desarrollaremos el próximo 24 de febrero, en
defensa del Páramo de Pisno y de todos los territorios ambientales que
se encuentran en peligro de ser entregados a las multinacionales de la
minería, al cumplirse el 39 aniversario de la creación del CRIC.

Por su parte, tanto el ministro del interior y de justicia como el
gobernador del Cauca, en vez de lamentar la situación de las comunidades
indígenas víctimas de los ataques de la guerrilla y de las acciones de
represalia del ejército, lo que hacen es enviar mensajes siniestros,
expresando que “Algunas comunidades indígenas del suroeste de Colombia,
donde este fin de semana la guerrilla de las Farc realizó ataques en
tres poblaciones, actúan en connivencia con narcotraficantes”

Nuevamente nuestras comunidades son víctimas del fuego cruzado de las
armas y los discursos políticos, nuevamente debemos soportar las
amenazas que surgen de los resultados adversos de la confrontación
armada, nuevamente, en vez de recibir asistencia humanitaria, voces
garantistas de nuestros derechos o resarcimiento del presidente Uribe y
del gobierno departamental, resultamos señalados por uno u otro bando
como responsables de sus fracasos militares.

Los hechos narrados muestran que en Colombia no hay garantía para la
existencia de los pueblos indígenas, y que el Gobierno Nacional continúa
su política de estigmatización contra nosotros; lo cual obliga a que
hagamos un llamado al sistema de Naciones Unidas , a Amnistía
Internacional, a la Cruz Roja Internacional , a las ONGs nacionales y
extranjeras que trabajan por la defensa y garantía de los derechos
humanos, así como a la defensoría del Pueblo y a las personerías de los
municipios víctimas de la guerra para que acompañen a las comunidades
que están en medio del conflicto armado y velen por la garantía de los
Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Reclamamos como pueblos indígenas, de la comunidad nacional e
internacional que se mantenga alerta, y puedan prestar oportunamente su
solidaridad a nuestras comunidades que hoy sufren la acción de la guerra
debido a que los ejércitos se niegan a acatar el derecho internacional
humanitario, desconociendo la orden dada por la Corte Constitucional al
gobierno nacional de concertar un plan de garantías y planes de
salvaguarda para evitar el exterminio físico y cultural de los pueblos
indígenas, principales víctimas de las acciones armadas, de las amenazas
de los grupos ilegales y de la política inconstitucional del gobierno
nacional.

Finalmente, como Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del
Cauca, CRIC, a) mantenemos nuestra decisión de permanecer a distancia
del conflicto armado, por considerar que la violencia trae más
violencia, que la presencia de las armas es un riesgo para la población
civil y que las palabras irresponsables del poder matan tanto como las
armas; b) expresamos nuestra solidaridad con las comunidades y
autoridades locales víctimas de las confrontaciones armadas y c),
reiteramos la exigencia hecha por las comunidades a todos los actores
armados, legales e ilegales, de que abandonen nuestros territorios.

CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA

Popayán, febrero 23 de 2010